En 1987, durante el gobierno de Alfonsín y con la bendición de la UCR y del PJ, se aprobó un paquete de medidas impositivas que incluía el llamado ahorro obligatorio. A todos los que trabajábamos en relación de dependencia y ganábamos más de cierta suma, nos descontaron, durante no recuerdo cuanto tiempo, un porcentaje del sueldo. Me parece que era el 10%, mucha plata con el correr de los meses. El empleador era agente de retención. La ley establecía que esos “ahorros” serían devueltos en el futuro. Después de algunos años y habiendo transcurrido constantes inflaciones e hiperinflaciones, cuando recuperé lo aportado era prácticamente nada, algo así como lo que costaba un paquete de cigarrillos.
Y aquí viene lo interesante, esa ley establecía que estaban exceptuados del ahorro obligatorio los jueces y ¡los legisladores! Cómo no indignarme al escuchar ahora a un legislador hablar de privilegios.
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